La Diputación ha renovado su convenio Cáritas, Cruz Roja y Bancos de Alimentos, a los que destinará 75.000 euros, con el objetivo de que Valladolid sea «tierra de acogida» y con el acento, este año, en dar cobertura a las necesidades de los refugiados llegado de Ucrania.
Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, que ha firmado hoy la renovación de los convenios de lucha contra la exclusión social con estas tres ong y que ha contado con la presencia de los responsables de estas entidades, Rosa Urbón (Cruz Roja), Eduardo Boelhoff (Cáritas Diocesana), y Jesús Mediavilla (Fundación Banco de Alimentos), junto al alcalde de Zaratán, Roberto Migallón.
Íscar ha recordado que estos convenios comenzaron a firmarse en 2013 para proteger a los «más frágiles». La gran virtud de este convenio, ha asegurado, es que «año tras año» se adapta a las necesidades de «cada momento» para ser así una «herramienta útil» para la sociedad de la provincia.
Así, el convenio original firmado con Cáritas y cruz Roja tenía como objetivo evitar el desahucio de familias en situación de vulnerabilidad. Un convenio que se ha ampliando para atender la promoción personal y laboral de los colectivos atendidos; la atención residencial de las mujeres víctimas de violencia de género; la alimentación y las necesidades básicas esenciales en periodos vacacionales de los escolares en situación de vulnerabilidad, a los que se unieron el pasado año las ayudas para el alquiler de viviendas de personas que solicitaron protección internacional y la adquisición a productores locales de productos alimentarios destinados al servicio de distribución coordinada de alimentos de la Red de Protección e Inclusión de Castilla y León, ha detallado.
Unas líneas que ahora se amplían y tienen, como «principal novedad» la atención a las personas refugiadas procedentes del conflicto bélico de Ucrania, «con el objetivo de paliar sus necesidades en una primera acogida y facilitar el pago del alquiler de una vivienda a las personas y a las familias refugiadas que están llegando a la provincia».
También ha evolucionado el convenio con el Banco de Alimentos, que también se ha ido modificando con el paso de los años desde su primer firma en 2014, condicionado por los «nuevos hábitos» que ha impuesto la «Covid».
Por su parte, los Convenios con Cáritas y Cruz Roja incorporan las diferentes líneas de actuación que se han ido desarrollando desde su inicio en 2013, y se centran en seis programas fundamentales de actuación que van desde la concesión de ayudas destinadas al alquiler de vivienda de personas individuales o unidades familiares que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual, a la atención residencial o al alquiler de vivienda de personas que, habiendo solicitado protección internacional a su llegada a España, no hayan podido acceder al programa de acogida de las entidades del tercer sector. Es en esta línea donde se incluyen las ayudas a los refugiados procedentes del conflicto de Ucrania, ha precisado.
En cuanto al Banco de Alimentos, la ayuda, ha incidido Íscar, se destinarán a la atención de los gastos corrientes, principalmente de adquisición de alimentos de los que, en momentos puntuales, puede tenerse un déficit y que serán distribuidos por las más de cuarenta y ocho entidades en la provincia de Valladolid, que en el año 2021 atendieron a un total de 4.128 beneficiarios. En todo caso, 15.000 euros irán destinados a la adquisición de productos alimentarios a productores locales de la provincia.
También se incluirán aquellos gastos realizados para sensibilizar a la población de la necesidad de donar alimentos, mediante la organización de actos solidarios tales como conciertos, marchas populares, y otros similares, que se realizan para obtener mayor financiación o mayor volumen de alimentos para repartir entre las personas más vulnerables, ha ahondado.
Íscar ha aplaudido la coordinación «público privada» que suponen estos acuerdos que se han ido «adaptando a las circunstancias» y que, este año, con el conflicto bélico en Ucrania han adquirido una nueva dimensión. «La anticipación y el diálogo con estas entidades nos permiten que, en este momento, se preste atención a 30 familias en la provincia», ha concluido.
SATISFACCIÓN
Los tres representantes de las ong han mostrado su «satisfacción» por la renovación de este convenio. Así, Rosa Urbón asegura que el convenio permite a Cruz Roja llegar a las «personas más vulnerables» del medio rural. «Un convenio versátil que se ha adaptado a las necesidades y que sirve para dar apoyo emocional a aquellos que llegan procedente del conflicto bélico», ha añadido.
Por su parte, Eduardo Boelhoff aplaude un convenio que ofrece herramientas «ágiles y completas» para los refugiados, que sigue siendo «sensible» con la lacra de la violencia machista y que hace partícipe a los municipios de la «recuperación emocional» de los ucranianos, sin dejar de atender «otro tipo de realidades».
Por último, Jesús Mediavilla explica que la invasión de Ucrania ha tenido también unas consecuencias «colaterales» que tocan «a la gente más vulnerable». «Estamos haciendo un esfuerzo importante y con esta ayuda de la Diputación a ninguna familia le van a faltar los 26 elementos básicos que son necesarios para, sobre todo, que los más pequeños crezcan sin carencias», ha concluido.
